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Vender y comprar vivienda en Cuba

Vender y comprar vivienda en Cuba

Hace mucho que la vivienda en Cuba no es problema, es catástrofe
Maida L. Donate, Arlington (Virginia) | 16/11/2011

El pasado 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, se publicó en la
Gaceta Oficial de la República de Cuba, el Decreto-Ley Número 288,
Modificativo de la Ley No. 65, de diciembre de 1988, "Ley General de la
Vivienda". El del Consejo de Estado la firmó el 28 de octubre
y los ministros del Banco Central, de Finanzas y Precios y de Justicia,
así como, la Presidenta del Instituto Nacional de la Vivienda, firmaron
las correspondientes resoluciones ejecutivas el 31 de octubre,
coincidiendo con el Día de las Brujas o Halloween. Después de leer el
texto publicado en la GO me he quedado con la duda si los que redactaron
y firmaron estos documentos, estaban legislando en serio o practicaban
una treta para celebrar el Día de las Brujas.

Hace mucho que la vivienda en Cuba no es problema, es catástrofe. A la
fecha, el fondo habitacional está muy lejos de satisfacer las
necesidades de la población, porque durante los años de socialismo, la
construcción y el mantenimiento de los inmuebles no ha sido prioridad
para el estado, que desde 1959 centralizó todo lo relacionado con la
actividad inmobiliaria y limitó el acceso a los materiales de
construcción que hubieran permitido la reparación de las viviendas
existentes. El mercado negro, la especulación y la corrupción han
encontrado un excelente caldo de cultivo alrededor de todo lo
concerniente a la construcción y reparación de viviendas en la Isla. La
infraestructura técnica y de servicios (alcantarillado, acueductos, red
eléctrica, etc.) que demanda el entorno comunitario no ha recibido la
debida atención. Por citar un ejemplo, el servicio de potable se ha
reducido a través del tiempo y la población lo ha resuelto a su leal
saber y entender, instalando dentro de las viviendas tanques con
capacidad para cincuenta y cinco galones que sirven como depósitos de
agua, creando la ilusión de que se tiene agua las 24 horas del día,
cuando en realidad solo reciben el preciado líquido unas pocas horas,
que puede ser en días alternos. También hay que tener en cuenta que en
Cuba cada huracán ha hecho de las suyas y lo que se ha destruido nunca
más se repara, con suerte, se remienda.

En el segundo semestre de 1959, la erradicación de los barrios
insalubres en ciudades principales como La Habana y Santiago de Cuba
fueron objeto de atención, pero poco tiempo después el proyecto se
detuvo. A la par se crearon las zonas congeladas, para garantizar
mejores condiciones de vida a los altos dirigentes del Gobierno y el
Partido en las antiguas áreas residenciales de mayor poder adquisitivo.
A través del tiempo, la sociedad cubana se ha ido estratificando como
nunca antes, y en correspondencia con la profundización y aumento de las
diferencias y desigualdades sociales y económicas, actualmente hay zonas
más congeladas que otras. Por ejemplo, la llamada zona cero donde está
el enclave de Castro.

En 1970, después del fracaso de la zafra de los 10 millones, en las
asambleas de catarsis que se acostumbra convocar en Cuba, para crear
ilusión de participación popular y liberar la tensión social acumulada
por situaciones extremas creadas por las decisiones del Gobierno, la
falta de vivienda se identificó como primera necesidad a resolver. Las
viviendas se habían subdividido interiormente, las familias construían
barbacoas, que nada tienen que ver con la carne asada en parrilla al
aire libre, sino con sub divisiones de los inmuebles que desafían los
cálculos originales de ingenieros y arquitectos para soportar la carga
de las paredes. La respuesta a la demanda de la población fue la
creación de las Microbrigadas para la Construcción de Viviendas. Si la
población quería viviendas, que las construyera, porque las que habían
dejado y continuaban dejando los que emigraban, eran para ser
distribuidas a discreción. El primer contratiempo de las Micro fue el
tiempo que se demoraban. Para construir un edificio de cinco plantas
tardaban, con suerte, de cinco a diez años. Los que construían no eran
constructores y los supervisores menos, por tanto no se cumplían las
normas técnicas de construcción y a los dos o tres meses de ser
habitados, empezaban a aparecer problemas con las instalaciones
hidráulicas y eléctricas. Lo más deprimente era el momento de la
asignación de la vivienda. En los centros de trabajo se hacían asambleas
en las que participaban todos los trabajadores y los solicitantes tenían
que justificar públicamente su necesidad de vivienda. Se llegaba a la
extrema humillación y, en la desesperación por lograr un sitio para
vivir, personas que habían convivido con cierto nivel de civilidad,
mostraban lo peor de la condición humana. Además, las viviendas no se
otorgaban solo a los que habían trabajado por años en la construcción
del edificio, podía suceder que la dirección política decidiera que la
necesidad de un dirigente definido como imprescindible, era mayor que la
de cualquier otro trabajador. En fin, como dice el refrán, el que parte
y reparte, se queda con la mejor parte. El movimiento de microbrigadas
decayó y se comenzó a utilizar por las administraciones y direcciones de
los centros de trabajo como forma de sacar a los trabajadores que le
estaban incordiando. A mediados de los ochenta, se volvió a retomar,
pero esta vez se concentró a los trabajadores en la zona de Alamar en el
este de La Habana. A principio de los ochenta se produjo el éxodo del
Mariel e internamente el Gobierno calculó que podría contar con algunas
viviendas adicionales. Pero la mayoría de los que se fueron por el
Mariel no dejaron casas ni apartamentos en la cantidad que oficialmente
se había previsto.

En el segundo quinquenio de los ochenta, no se habían construido
suficientes viviendas y las que se habían construido estaban presentando
serios problemas de reparación y mantenimiento. La falta de
mantenimiento del fondo habitacional construido antes de enero de 1959
agudizaba la escasez. El Mariel fue una conmoción política para la
población que comenzó a reclamar en las asambleas locales con los
delegados del poder popular a nivel de barrio. Las altas esferas
llegaron a la conclusión de que si el mantenimiento de la vivienda es
responsabilidad del dueño, había que otorgarle la propiedad de la
vivienda a los que la estaban viviendo y así el Estado no sería
responsable por la reparación y el mantenimiento. Era más fácil y menos
complicado hacer una ley que le otorgara la propiedad a los
usufructuarios, pero manteniendo el control sobre la propiedad. Es
decir, la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda de diciembre de 1988,
en realidad no se hizo para encontrar una solución, si no para crear una
cortina de humo que desenfocara las quejas de la población sobre los
problemas de vivienda. Por ejemplo, para dar mantenimiento y hacer
reparaciones se necesitaban materiales que se vendían en cantidades
fijas a los titulares, previa autorización del Comité de Defensa () y
del delegado del poder popular correspondiente. Esas autorizaciones no
garantizaban que después de una larga fila, que podía ser de semanas, se
lograra adquirir los materiales solicitados. Pero, si se lograba un
contacto en el mercado negro por un precio muy superior, los materiales
se podían adquirir.

Esta nueva ley tiene algunas palabras claves que son interesantes.
Primero, el Estado tiene que autorizar al que compra y al que vende.
Segundo, todas las transacciones tienen que ser a través del Banco
Central de Cuba y se debe depositar la cantidad de dinero total.
Tercero, se autoriza a comprar y vender a las personas naturales cubanas
con domicilio en el país y los extranjeros residentes permanentes en el
territorio nacional. Los dos primeros puntos no descentraliza la acción
de compra-venta: el Estado sigue en completo y absoluto control. Lo
novedoso es el tercer punto. El Gobierno cubano ha hecho una
estratificación de los ciudadanos cubanos. Actualmente hay un grupo de
cubanos a los que se le ha otorgado el PRE (Permiso de Residencia en el
Exterior) bajo ciertas condiciones: deben viajar al territorio nacional
antes de once meses y pagar una cantidad mensual en dólares o euros, la
cantidad de este impuesto depende del país donde residen, y que pueden
abonar en un solo pago en el consulado cubano antes de viajar a la Isla.
A este grupo se les considera personas naturales residentes con
domicilio en el país porque en sus pasaportes no se les ha estampado el
sello de salida permanente. En ese grupo hay quienes han tenido éxito y
han hecho capital, algunos tienen familia en la Isla y quisieran
mejorarle las condiciones de vivienda, aunque no piensen regresar a
vivir allá. A diferencia de otros países, las leyes en Cuba se diseñan
para perjudicar o beneficiar a un grupo específico y no con una
intención generalizadora de solucionar un problema. Hasta que no se
demuestre lo contrario, con esta ley el Gobierno cubano piensa haber
hallado otro filón para seguir manteniendo del narigón y extorsionando a
los cubanos, refrendando privilegios y desigualdades sociales que cada
vez son más notorias en Cuba.

http://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/vender-y-comprar-vivienda-en-cuba-270569

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