Comités de represión

Una familia desesperada

Una familia desesperada

[22-08-2012]

Fundación Madre, Familia y Futuro

(www.miscelaneasdecuba.net).- Juan Carlos Díaz Fonseca de 45 años de

edad, está contagiado de desde 1999; padece entre otras

enfermedades de esofagitis aguda y desgaste en los huesos. Él vivía en

un contenedor situado en Las Pelas, entre Barrera y Tarará, Camino Minas

del Petróleo, Guanabacoa, La Habana. Allí "residía" con su familia,

integrada por su esposa Judith Muñíz Peraza de 37 años y los hijos de

ésta, Yorlandis Muñíz Peraza de 16 años y Leydi Durán Muñíz de 14,

epiléptica con ataques frecuentes y con retraso mental, y dos hijos más

que abandonaron ilegalmente el país en fecha reciente.

En una visita de funcionarios de Bienestar Social éstos decidieron

otorgarle una chequera de 285,00 cup y una inhabitable para

que la reparara por sus propios medios; pero sin ningún documento que le

permitiera hacer gestiones. Cuando en mayo de 2007, la Dirección

Municipal de la vivienda le entregó el local situado en Apodaca # 335

entre Lebredo y Cadena, en Guanabacoa, solo llamó como testigo al

presidente del CDR y coordinador de la Zona, nombrado Ángel González

Valdés, quien afirmó en un escrito del 16 de junio de 2010, que en esa

ocasión planteó su desacuerdo con la entrega de un local tan ruinoso,

pero le contestaron que esa era la casa que le correspondía a esa familia.

Al cabo de 3 años, en mayo de 2010, Bienestar Social le canceló la

chequera a Juan Carlos, y después de mucho quejarse, cuando le fue

devuelta le habían rebajado el monto a cobrar a 147,00 cup y le

informaron que tenía que ir al Banco a realizar un contrato para el pago

de los efectos electrodomésticos que adeudaba. Por ese motivo debe pagar

66,00 cup mensuales y adeuda actualmente 6 meses de pago, unos 400

pesos. Tiene que estar más de 4 meses sin hacer uso de los 81 cup que le

quedan mensualmente, para liquidar la .

Un dictamen médico de 8 de julio de 2010, firmado por el Dr. Jorge

Medina LLeres, de Medicina del Trabajo y la Dra. González Michelena

Claro de la Comisión Provincial de Peritaje, ambos del Ministerio de

Pública, lo declaró con severa discapacidad por el deterioro de su

estado general y del sistema inmunológico causado por el SIDA, con

presencia de gérmenes oportunistas, cuadro diarreico crónico, febrícula

vespertina y mucosas ligeramente hipocoloreadas. El médico de su

policlínico, Dr. Manuel Ortiz Hernández, le ha dicho, que debido a sus

enfermedades no puede laborar para no precipitar lo limitado de su

tiempo de vida, e igualmente en un certificado médico de junio de 2010

lo declaró incapacitado para el trabajo. El tratamiento médico para el

SIDA no le asienta, ya que le produce mucha acidez debido a la

esofagitis, y se lo suspendieron. El médico quedó en recetarle el

tratamiento adecuado.

El jueves 16 e agosto lo enviaron al IPK (Instituto Pedro Kourí) para

hacerle los análisis para un nuevo tratamiento médico, pero no había

en el laboratorio y lo remitieron al Policlínico Docente Julio

Antonio Mella de Guanabacoa. El médico, al apreciar el atraso en los

resultados de las investigaciones, le dijo que tenía que retomar los

medicamentos ya indicados por las malas condiciones en que se

encontraba, aunque le produjeran daños estomacales.

Este cuadro de poca salud, se ve afectado porque al no tener propiedad

de la casa, no pueden acceder a la de , que lleva

implícita la dieta alimentaria por su estado y también la legalización

de un carné de identidad en el lugar, que en algún momento le permitiría

hacer algunas reparaciones en la maltrecha vivienda.

Juan Carlos ha escrito al gobierno de Guanabacoa, al Partido y al

Instituto de la Vivienda para obtener esta propiedad, sin resultado

alguno. Escribió al Consejo de Estado en junio de 2002 y la respuesta

que recibió de René Montes de Oca Ruiz, jefe del Dpto. de Atención a la

Población, en aquel entonces, fue que aunque comprendía sus razones,

era la Dirección Municipal de la vivienda la que tenía que resolver el

caso. Este mismo funcionario cuando Juan Carlos se quejó del maltrato

recibido en la Dirección Municipal de la Vivienda, le respondió el 25

de junio de 2003 en similares términos, haciendo caso omiso al

descontento presentado.

La delegada de su circunscripción, Marlen Carrió Quintana, afirmó en

carta del 16 de junio de 2010, que la vivienda estaba en pésimas

condiciones, que era inhabitable, que al otorgarla no se tuvieron en

cuenta las condiciones del núcleo que la recibió, y pidió cooperación

para su solución.

Por otra parte la hija menor, Leydi, además de retraso mental, padece de

ataques de epilepsia desde los tres meses de nacida, para lo cual tiene

un tratamiento que le suspenden cuando cesan temporalmente los ataques y

en la actualidad carece de método. Repitió el séptimo grado en una

especial debido a los ataque de epilepsia.

El 15 de agosto, la comunicadora comunitaria y directora de la Fundación

Madres, Familia y Futuro, Ivis Rodríguez González, se entrevistó con

Michel, director del Policlínico Julio Antonio Mella y le respondió que

le daría turno a Leydi al día siguiente para el neurólogo. El día

siguiente los padres llevaron a consulta la niña, pero el neurólogo no

asistió. El Dr. Orestes, sub director del Policlínico remitió la madre a

la posta médica para que le dieran la historia clínica de Leydi y que

con ella se dirigiera a la pediatra.

La doctora asignada a esta institución de salud estaba de vacaciones y

la enfermera, informó de la pérdida de la historia clínica de la niña e

hizo una en blanco para que la pudiera atender la pediatra; que le

indicó, que producto del retraso mental, tenía que verla inicialmente un

sicólogo.

En resumen, para que la niña tenga un turno médico para un neurólogo,

debe depender de un pediatra y un sicólogo, y mientras tanto continúa

sin sus medicinas.

Lo extenso de esta denuncia se debe a que es imposible resumir tanta

insensibilidad humana, generalizada por parte de las instituciones

oficiales, en un país que dice ser ejemplo de justicia social.

Nota: En la recopilación y verificación de datos y documentos, así como

en la confección de este escrito intervinieron: Ivis María Rodríguez

González, Yainé Pintado Aldaya y Arnaldo Ramos Lauzurique. También han

apoyado a la familia en sus trámites médicos.

http://www.miscelaneasdecuba.net/web/article.asp?artID=36846

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