Comités de represión

Peligrosidad social: sanciones sin delitos

Peligrosidad social: sanciones sin delitos
mayo 01, 2013

En Argentina y otros países del sur, el término “leonera” se utiliza
para designar las zonas de las prisiones por las que los presos deben
pasar provisionalmente antes de ser ubicados o trasladados.

En Cuba no: en Cuba a eso se le llama depósito. Una leonera en Cuba es
una galera llena de criminales endurecidos. Para un joven o adolescente,
traspasar la reja de una leonera es como entrar en el infierno, dejando
afuera las esperanzas y la inocencia. Los que tienen la suerte de no
haberse buscado otras causas entre los muros de la cárcel, y logran
salir, no son nunca las mismas personas que entraron.

Sin embargo, en Cuba las vidas de miles de jóvenes que nunca han
cometido un delito –de 3.000 a 5.000 en cualquier momento, según la
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional— se
tuercen sin remedio en las leoneras del vasto Gulag nacional, en virtud
de las caprichosas leyes de Peligrosidad Social.

Estas disposiciones legales artículos 72 al 84 del Código Penal)
permiten a cualquier jefe de sector de la policía enviar caprichosamente
a prisión, hasta por cuatro años, a alguien que no ha cometido ningún
delito.

Ese es el tema de un reciente corto (arriba) realizado en video por
Rolando Rodríguez Lobaina, cofundador junto con su hermano Néstor, en la
oriental provincia de Guantánamo, del Movimiento Cubano de Jóvenes por
la Democracia.

En la cinta brindan sus testimonios cinco jóvenes de la región oriental
que no llegan a 25 años y que fueron condenados bajo esa ley. Los
pretextos son que no trabajan con el Estado (aunque el conductor del
filme recuerda que los empleos que éste ofrece son rudos y muy mal
pagados); o que se reúnen con antisociales; o que son antisociales ellos
mismos.

Uno de los testigos cuenta el infierno que vivió, a los 14 años, en la
prisión guantanamera de Chafarinas. “la más criminal que puede haber en
Cuba o en el mundo”. Recuerda que allí estaban recluidos “miles de
delincuentes, matarifes (…) que mataban a la gente, violaban a niños,
adolescentes, ancianos (…). A mí me metieron allí. Me troncharon mis
estudios, me apartaron de mi familia injustamente”.

Otro considera la peligrosidad como lo más cruel que se pueda aplicar,
debido a que durante su encierro acumuló otras condenas: “Me hizo
perderme en la prisión hasta llegar a un ‘pocotón’ de años, por la
inexperiencia que tenía”.

En su conducción del video Rodríguez Lobaina asevera que las leyes de de
peligrosidad social son un ardid para reprimir o encarcelar a los
jóvenes, una trampa de las autoridades para imponer por la fuerza su
orden social, por encima de las leyes existentes.

MONSTRUOSIDAD JURÍDICA

El abogado independiente Juan Carlos González Leyva ha expuesto la
arbitrariedad que implica esta ley desde el punto de vista jurídico: “La
figura de Estado Peligroso es parte del Código Penal. Supone medidas de
seguridad contra conductas penadas por la Ley, entre ellas, consumo de
drogas, vagancia habitual o faltar a la moral social. Otra forma, la
Peligrosidad Pre Delictiva, se emplea contra personas consideradas
proclives a cometer delito”.

“En estos casos se conoce que el acusado no ha cometido delito, pero se
le encarcela para evitar que lo cometa. Es una monstruosidad jurídica y
va contra el Ítem Crimen: El derecho penal enseña que el delito comienza
con la Ideación (se piensa), siguen la Deliberación y la Resolución de
cometerlo. Nada jurídicamente condenable, incluso la Preparación del
delito no está penada, sólo si se pasa a la Ejecución”.

En estos casos, sin embargo, “son juicios sumarísimos, sin garantías
procesales. El acusado está indefenso frente al tribunal. El jefe de
sector prepara el expediente, lo cita, lo acomoda todo y el tribunal
acepta. Da un poder casi absoluto al jefe de sector de la policía”.

EL SATRAPA DE GUARO

El periodista independiente Reynaldo Cosano Alén ofrece en Cubanet un
ejemplo de la patente de corso que esa ley otorga a los llamados jefes
de sector de la policía para agriar sin razón la vida de cualquier
ciudadano. Escribe Cosano:

“El campesino Raúl Pérez Milanés, de 37 años, cumple sanción de cuatro
años en la Prisión Provincial de Holguín, al oriente de Cuba, por
Peligrosidad Social”.

“‘Como si yo hubiera cometido algún delito, o matado a alguien, el
oficial Ángel Róger Martínez Llorente (conocido por Tato), jefe de
sector de Policía de Guaro II, municipio Mayarí, provincia Holguín,
donde resido, preparó el expediente, acusándome de
contrarrevolucionario, de expresarme mal de los CDR y de reunirme con
antisociales dedicados al hurto y sacrificio de ganado vacuno’. Así me
lo ha contado Raúl Pérez”.

“Pérez pertenece a la Cooperativa de Créditos y Servicios “Humberto
Estupiñán”, a la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores y al CDR.
Cumple con la entrega diaria de leche fresca al Estado. Es un hombre de
trabajo, buen esposo, padre y vecino. Nunca ha estado preso. Nadie pudo
testimoniar en el juicio sobre su buena conducta. No pudo contratar
abogado”.

“Además de ser víctima de Tato, Raúl Pérez, es también un padre
entristecido y preocupado por su hijo: ‘Tato cita a menudo a mi hijo
Raudel, de dieciocho años, a la estación de policía. Quiere aplicarle la
Peligrosidad. Mi hijo terminó los estudios y prefirió trabajar conmigo
en la finca. En vez de contribuir a su formación como trabajador, lo que
harán es destruirlo’”.

“Nereida, una hermana de Raúl, residente en La Habana, insiste: ‘El jefe
de sector dijo a mi hermano: Acompáñame para darte una citación. Juicio
y prisión. Tato había dicho que lo metería preso antes de irse de la
zona. Le dicen Dos mil-Tres. Por cualquier cosa, castiga a la gente con
dos mil pesos de multa, dándoles sólo tres días para pagar’”.

“‘Guaro es un barrio muy pobre, los pobladores viven con doscientos
pesos mensuales. Esas multas incitan a robar para pagar, con el fin de
evitar ir preso. Hay que ayudar a la gente, no hundirla’”.

EL DERECHO A GANARSE LA VIDA

Estos casos los conoce bien el economista independiente cubano Oscar
Espinosa Chepe, quien estuvo recluido en la prisión provincial de
Guantánamo tras ser condenado a 20 años en los juicios sumarios de la
Primavera Negra del 2003.

Según el economista y ex preso de conciencia, “muchos ciudadanos son
empujados al delito por un sistema que no permite ganarse la vida
honestamente, a lo que se agrega un injusto ordenamiento jurídico que
entre otras aberraciones tiene la Ley de Peligrosidad, con penas de
hasta 4 años, mediante la cual se puede condenar a prisión sin pruebas,
únicamente por la suposición de que una persona podría cometer un delito”.

“La población penal”–agrega Chepe– “proviene predominantemente de los
estratos más desvalidos de la sociedad. Quienes hemos estado recluidos
en las prisiones sabemos que más del 80 % de los reclusos son negros,
mestizos y jóvenes, predominantemente de las regiones del país más
atenazadas por la miseria. En las cárceles impera la violencia y son
frecuentes los asesinatos y suicidios de personas desesperadas o
desequilibradas por años de vivir en condiciones inhumanas”.

NO MÁS SENTENCIAS POLÍTICAS: PELIGROSIDAD

Un rumor de cerca de medio siglo atribuye a Raúl Castro haber propuesto
a su hermano Fidel que empezaran a ahorcar a los presos políticos
condenados a muerte cuando éste, refiriéndose a los fusilamientos del
año 59, supuestamente le increpó: “Basta de sangre”.

Cierto o no, el menor de los dos hermanos también ha desarrollado la
peligrosidad como una alternativa para “acabar” –en apariencia– con
las condenas políticas que le echaban en cara a su predecesor.

Un informe publicado en noviembre de 2009 por la organización de
derechos humanos Human Rights Watch, titulado “Un nuevo Castro, la misma
Cuba”, denuncia cómo el sucesor de Fidel Castro se ha apoyado para
mantener la represión política en los artículos de “peligrosidad” del
Código Penal.

Basándose en una misión de investigación efectuada sin permiso en Cuba,
y más de 60 exhaustivas entrevistas, Human Rights Watch afirma que
documentó más de 40 casos en los que el gobierno había encarcelado
individuos bajo la disposición sobre “peligrosidad”, por ejercer sus
derechos fundamentales.

Pero la organización también denunciaba el uso de esta figura del código
penal con fines de “limpieza social”.

OPERACIÓN VICTORIA

El informe de Human Rights Watch consignaba que en 2009 el gobierno
lanzó en el oriente de Cuba una campaña dirigida a los desempleados,
llamada Operación Victoria. En la provincia de Guantánamo, la campaña
consistió en hacer advertencias oficiales a los desempleados,
especialmente los jóvenes, y someterlos a vigilancia policial. Los que
no encontraron un puesto de trabajo a las pocas semanas fueron
condenados por “peligrosidad”.

En un solo día de enero de 2009, cerca de 80 personas, la mayoría de
ellas jóvenes, recibieron advertencias oficiales en Guantánamo por estar
desocupadas, reportó desde la región nuestro colega Luís Felipe Rojas.
Según Rojas, a los que recibieron advertencias se les dijo que tenían 15
días para encontrar trabajo o enfrentar cargos en la corte.

El periodista independiente dijo a Human Rights Watch que 35 de los 80
fueron acusados en febrero de 2009 de “peligrosidad”, y condenados a
penas desde un año de trabajos forzados a cuatro años de cárcel.
Supuestamente la operación “tenía como objetivo encarcelar a personas
que no trabajan, pero terminó poniendo tras las rejas a personas que
para sobrevivir trabajaban revendiendo distintos artículos, haciendo
trabajos manuales, llenando neumáticos, o como vendedores ambulantes.

¿SÓLO SE SANCIONAN LOS DELITOS PREVISTOS EN LA LEY?

Analizando la peligrosidad en su blog Jurisconsulto de Cuba, la abogada
independiente Laritza Diversent señala que “A estas personas no se les
comprueba la comisión de un delito. Las autoridades, amparadas en
criterios subjetivos y parámetros ideológicos, valoran que su conducta
debe ser reformada, por presentar una especial inclinación a la comisión
de acciones delictivas. Criterio contradictorio con el principio de
legalidad: Sólo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como
delitos en la ley, con anterioridad a su comisión

Concluye diciendo la jurista de El Calvario que, frente a los abusos de
poder, como éstos, el cubano no tiene protección legal alguna.
Rolando Cartaya

rcartaya@ocb.ibb.gov

Rolando Cartaya (La Habana, 1952) Graduado de Periodismo, Universidad de
La Habana 1976. Ha trabajado en la página cultural de Juventud Rebelde,
la agencia UPI, el servicio Worldnet y como editor de las revistas
“Newsweek”, “Discover” y “Motor Trend” en español. Ha traducido más de
20 libros para la editorial cristiana Thomas Nelson, Inc. Con Radio
Martí desde 1989, ha sido editor, redactor, reportero, y director y
guionista del programa “Sin Censores ni Censura”. Actualmente trabaja en
martinoticias.com. Fue vicepresidente en la isla del Comité Cubano Pro
Derechos Humanos.

http://www.martinoticias.com/content/article/22105.html

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