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Entre el desamparo y la indefensión

Entre el desamparo y la indefensión
MIRIAM CELAYA | La Habana | 9 Sep 2013 – 6:34 am.

El pecado original del castrismo con relación a la prostitución es haber
negado su existencia. Hoy no hay instituciones ni voluntad política
capaces de hacerle frente.

Secretismo oficial y silencio cómplice

El pecado original de la “revolución cubana” con relación a la
prostitución no radica en el hecho de no haber sido capaz de
erradicarla, una tarea a todas luces irrealizable, sino en negar su
existencia. Dicha negación no solo retarda la búsqueda de soluciones
para problemas sociales relacionados —esclavitud sexual, tráfico de
drogas, prostitución infantil, proliferación de enfermedades de
transmisión sexual como el SIDA, etc.— que ya han hecho su aparición en
la Isla, sino que impide que la población asuma una clara percepción del
asunto y de sus implicaciones sociales.

Al excluirse el tema del debate público, éste queda sepultado bajo otras
urgencias no menos acuciantes, relacionadas con la supervivencia
económica y con las precariedades materiales de la vida. A la vez, esas
propias privaciones aceleran el deterioro de valores morales y potencian
el aumento de la prostitución, especialmente entre adolescentes menores
de 18 años, que constituyen el sector más vulnerable. Un círculo vicioso
que se cierra sobre sí mismo con un nudo gordiano que no parece tener
solución.

El fin de la inocencia

Si bien muchas mujeres adultas han elegido por sí mismas el camino de la
prostitución, no es menos cierto que cada vez resulta más frecuente la
inserción de menores en la profesión. Los 18 años marcan la mayoría de
edad sexual en Cuba, pero no es raro detectar muchachas de entre 13 y 17
años que ya se han iniciado como prostitutas.

Este tipo de actividades, si bien están prohibidas por las leyes
vigentes, resultan difíciles de detectar debido al complejo entramado de
ilegalidades que se ha ido consolidando al calor de la impunidad, y que
actualmente cuentan con redes de “reclutadores” (generalmente
prostitutas ya mayores y proxenetas), casas de citas —muchas veces
amparadas tras una fachada de negocio legal, hospedajes clandestinos,
etc.— y en algunos casos hasta con la complicidad de agentes del orden.

La corrupción policial, por su parte, puede ser grosera o sutil y va
desde la simple extorsión a la prostituta hasta a la participación
directa a partir de la obtención de beneficios monetarios por concepto
de protección al negocio, pero en todos los casos constituye un
obstáculo importante a la hora de combatir este flagelo.

Según testimonios de varias prostitutas, algunos policías que cubren
turnos en determinados puntos neurálgicos de la capital reciben un pago
directamente de ellas o de empleados de bares de barrios, para que
permita tanto el trasiego de estas meretrices como el comercio
clandestino de ron y tabacos con que habitualmente se estafa a
extranjeros incautos. Prostitutas y cantineros han establecido una
especie de colaboración profesional de beneficio mutuo y han creado
verdaderos nichos de corrupción, particularmente en arrabales de dudosa
reputación, como el barrio chino de La Habana o el boulevard de San Rafael.

La ausencia de instituciones

Por otra parte, algunas historias de vida evidencian que la mayoría de
las menores que incursionan en el mundo de la prostitución proceden de
familias disfuncionales y han crecido en hogares hostiles, tanto
material como afectivamente, sin que existan instituciones que
verdaderamente se encarguen de velar por su seguridad y su protección.

Una muestra de estudio realizada en un grupo de jóvenes prostitutas de
entre 15 y 25 años permite concluir que la casi totalidad de los casos
procede de hogares disfuncionales, que la prostitución de menores está
tomando una tendencia creciente y que los representantes de los cuerpos
represivos o los tribunales son los únicos representantes de alguna
institución oficial con los que ellas han tenido algún contacto o
relación, ya sea para ser extorsionadas, detenidas o castigadas; jamás
para ofrecerles una alternativa de vida o para insertarlas en algún
programa social que les permita superar los graves conflictos
existenciales que enfrentan.

Algunas de ellas carecen por completo de apoyo familiar, otras tienen
hijos menores, han abandonado los estudios, han consumido drogas al
menos una vez, fuman y consumen bebidas alcohólicas regularmente.

El asunto se agrava porque no parece existir un programa nacional, o
siquiera local, que se encargue del apoyo a las que por sus
circunstancias particulares han tomado la prostitución como vía de
solución a sus problemas materiales, ni siquiera para las que han vivido
en condiciones de extremas carencias y de falta de atención en hogares
disfuncionales, las que han sufrido el abandono por parte de su familia,
o las que han sido abusadas sistemáticamente incluso por parte de sus
propios familiares cercanos.

Tal indefensión resulta más inexplicable por cuanto el Gobierno cuenta
con organizaciones que a lo largo de medio siglo han estado dedicadas ya
sea a la “vigilancia” en cada cuadra a través de los llamados Comités de
Defensa de la Revolución (CDR), o a la atención y defensa de las mujeres
a través de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Una estructura
institucional que, de funcionar en interés social o de cumplir sus
principios fundacionales, hubiese sido capaz de controlar el mal desde
sus inicios.

Ni el Gobierno ni la sociedad civil independiente

Sin embargo, el problema de la prostitución de menores que afecta
potencialmente a miles de familias, no parece concitar un interés
significativo para el Gobierno, en buena medida responsable por el
destino de tantas frustraciones; el mismo Gobierno cuyo sistema de
educación durante décadas despojó a los padres de autoridad y otorgó al
Estado “paternalista” la patria potestad sobre niños, adolescentes y
jóvenes, ahora abandonados a su propia mala suerte.

Más preocupante aún es que tampoco dentro de los espacios alternativos
exista un interés particular sobre este asunto. En todo caso, no se está
produciendo un debate sobre el tema ni existen propuestas cívicas que lo
asuman en alguna medida desde la sociedad civil independiente. Esto
sugiere que quizás subyace un cúmulo de prejuicios morales o tabúes
tradicionales que impiden que los mismos sectores que han abierto
espacios a cuestiones tan complejas como la discriminación racial y la
diversidad sexual asuman el reto del debate sobre la prostitución y sus
efectos sociales.

Pero más allá de la falta de recursos, lo realmente alarmante es la
evidente ausencia de voluntad política de todas las partes para encarar
el que se anuncia como uno de los episodios más complejos de la realidad
social cubana de cara al futuro cercano.

Source: “Entre el desamparo y la indefensión | Diario de Cuba” –
http://www.diariodecuba.com/cuba/1378701299_4969.html

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