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Los desheredados del Llega y Pon

Los desheredados del Llega y Pon
LOURDES GÓMEZ | Santiago de Cuba | 27 Nov 2015 – 7:54 am.

Al triunfo de la revolución, uno de los primeros objetivos del designado
primer ministro Fidel Castro fue cumplir el programa del Moncada. Este
alegato, manifestado durante su autodefensa en 1953, señalaba a la
vivienda como uno de los problemas graves de la sociedad cubana.

Es un hecho que en muchas ciudades, e inclusive en zonas rurales, se
construyeron urbanizaciones de edificios multifamiliares o casas
individuales, que les fueron otorgadas a moradores de los barrios
marginales. Las nuevas viviendas, en su mayor parte, se entregaron en
usufructo, teniendo sus habitantes que pagar una especie de renta
determinada al promediar sus salarios.

Asentamientos como Alamar, en La Habana (1970), el distrito José Martí
(1967) o el reparto Abel Santa María (años 80), conocido como El Salao,
en Santiago de Cuba, permanecen como evidencia de estos esfuerzos.
Construidos inicialmente por brigadas profesionales, pasaron después a
formar parte del sistema de microbrigadas, con sus consiguientes
desaguisados.

En algunas ocasiones, estos pobladores, extraídos abruptamente de un
entorno desarraigado, trasladaron sus costumbres a estas nuevas
urbanizaciones, repitiendo los mismos patrones de vida y conducta con el
subsiguiente descalabro de las intenciones propuestas.

Es el caso de la barriada del Nuevo Vista Alegre, en Santiago de Cuba,
primera obra social del periodo revolucionario. Construida con la
habitual premura y materiales pobres, su nombre trata de emular con el
lujoso Vista Alegre, reparto burgués de la ciudad, de espaciosas
avenidas llenas de palacetes y casonas aristocráticas. Hoy es un barrio
precario, con viviendas deterioradas por ausencia de mantenimiento, uso
inadecuado, y las destrucciones del huracán Sandy.

Los esfuerzos por eliminar estos barrios en el país nunca pudieron
concretarse. Las nuevas edificaciones no cubrían la demanda. Las
migraciones hacia las ciudades, el crecimiento poblacional y la
prohibitiva Ley de vivienda, mantuvieron el hacinamiento de distintas
generaciones en un hogar.

Al sector poblacional más pobre, no pudiendo entrar en los subterfugios
de compras, donaciones y rentas para adquirir una vivienda, solo les
quedaba buscar un lugar donde asentarse y montar un rancho.

Los nuevos barrios insalubres se fueron estableciendo en los márgenes de
la ciudad, en los límites de los barrios marginales anteriores. El
descalabro económico del “Periodo especial” acrecentó estos asentamientos.

La legalidad en el llega y pon

Las nuevas zonas marginales que bordean la ciudad de Santiago se
iniciaron en los 90, todas asentadas en tierras ociosas propiedad del
Estado. Limitan con los precarios barrios heredados por la revolución y
que todavía no han podido ser erradicados.

La diferencia fundamental entre ambos estriba en el derecho a la
propiedad. Mientras a los primeros se le concede por razones históricas,
los recientes son considerados ilegales y no tienen garantías de obtenerla.

Algunos de estos barrios ya tienen más de 30 años, y han sido
legalizados, como es el caso del Reparto Van Van, en Altamira (1988),
uno de los tantos planes sociales repentinos ideados por Fidel Castro.
Aunque no se concluyó, allí conviven edificios multifamiliares con
chozas de tablas, y todos tienen la suerte de ser propietarios. Sin
embargo, los levantados en las últimas décadas solo son soportados y
tímidamente aceptados en las instancias gubernamentales.

Entre los barrios ilegales más conocidos por su extensión y durabilidad
están San Pablo 2, El Resplandor y El Chucho, aunque existen otros
muchos a lo largo de la periferia citadina. Algunos se ubican en las
llamadas “zonas congeladas de no fabricación”, espacios interurbanos por
desarrollar, reservados para viviendas de personal médico y otros
intereses estatales.

La política estatal en cuanto a ellos es ambigua. Se les da el derecho a
la instauración de organismos gubernamentales como los CDR, que llevan
un registro exhaustivo de los asentados, y la inserción en censos y
consejos populares para incluirlos en las votaciones. Recientes
infracciones a las regulaciones estatales, que exigen la necesidad de la
propiedad, como la instalación de algunos contadores eléctricos y de
agua en la barriada de El Resplandor, contribuyen a afianzarlos en la
creencia de futuras legalizaciones.

No se les otorga la legalidad, pero se les hace concesiones que los
esperanzan. Según un abogado de Vivienda consultado al respecto, “estas
personas son ilegales, ha sido política del Estado irle reconociendo las
propiedades cuando las hacen habitables, pero esto debe tener un límite
porque si no el Estado se verá obligado a reconocerle eternamente a
todos los que construyan”.

A tenor de estas concesiones se le exige a la comunidad que no debe
seguir permitiéndose nuevos asentamientos ilegales, pues los censados
serán los únicos que recibirán los “beneficios” que se le vayan dando.
Ello ha traído como consecuencia que los asentamientos más recientes,
como Los Pies Descalzos del Salao, sean desalojados, aunque según las
autoridades, en Cuba no se desaloja, sino que se hace una “extracción
con la ayuda de la policía”.

Las disparidades en el tratamiento gubernamental entre los asentamientos
es otra causa de continuas quejas. Los levantamientos hechos en San
Pablo 2, que incluyen ficha técnica de cada vivienda, promesas de
entrega de materiales de construcción o entrega de viviendas aún no
cumplidas, contrastan con el ostracismo en que se encuentran El Mirador
y El Resplandor, contribuyendo a la especulación.

La compraventa es uno de los cambalaches que ocurren en los
asentamientos, sobre todo en los que tienen posibilidades de entrega de
viviendas. La transacción es a riesgo de los contratantes. Un rancho de
tablas de madera valorado entre 10 a 12.000 pesos, duplica su valor a
20.000 ante las expectativas futuras.

Al amparo del limbo legal y la desesperación se extiende el trapicheo.

El futuro de los barrios marginales

Recientemente, la edición digital del diario Gramma publicó la noticia
de la aprobación por la Asamblea Provincial del Poder Popular de
Santiago de Cuba de un plan de “Ordenamiento urbano de la ciudad”. El
mismo será elevado al Consejo de Ministros para su aprobación
definitiva, por indicaciones del general Raúl Castro. Tendrá entre sus
propósitos la eliminación de los barrios precarios.

Posterior a la destrucción dejada en los inmuebles por el huracán
Sandy, se habilitó un plan de construcción y entregas de viviendas, en
su mayor parte de edificios multifamiliares, para damnificados. Para
ello se recibieron donaciones de materiales de construcción de diversos
países, y llegaron brigadas de constructores de Venezuela y Ecuador.

Son conocidas las corrupciones y tráficos ilegales provocados con la
entrega de materiales a los damnificados, de los que los barrios
ilegales no han recibido nada, a pesar del diagnóstico de derrumbes dado
a muchas de estas viviendas.

En el último año se priorizó el traslado a las nuevas edificaciones del
precario, aunque legal, barrio de San Pedrito, debido a las exigencias
de las remodelaciones de la avenida construida para el cementerio Santa
Ifigenia. El traslado implica la pérdida de la propiedad anterior sin
amortizaciones. A pesar de que algunos ya habían logrado construir sus
viviendas de “placa” tras años de sacrificios. Los nuevos propietarios
no disponen todavía de un título de propiedad.

Los barrios marginales ilegales tienen que esperar. Las promesas hechas
por funcionarios e inspectores no tienen ubicación temporal. Según un
residente de San Pablo 2, “cada 26 de julio aparecen por aquí diciendo
que nos toca pronto, pero no acaba de llegar”.

Los escépticos creen que con la actual crisis de la economía cubana no
se podrá lograr aquello que no se hizo con el apoyo soviético. El
reciente plan de ordenamiento urbano renueva las esperanzas. Es un plan
a largo plazo, que puede tomar entre 10 y 20 años. Mejora las
condiciones de vida, pero no resuelve el hacinamiento de varias
generaciones en un hogar, ni plantea soluciones futuras para las nuevas
familias que se irán formando.

El actual mercado de precios de las viviendas en Cuba es inaccesible
para las mayorías. Acabar con los barrios marginales conlleva el
necesario rediseño de una Ley de Vivienda todavía temerosa del mercado y
la propiedad, elevar el nivel adquisitivo del cubano y crear formas de
financiamiento bancarias. Ello debe pasar por la descentralización de
una economía plagada de burocratismo e ineficiencias productivas, la
cual demostró en medio siglo de gobierno, que este es un problema más
allá de sus posibilidades.

Source: Los desheredados del Llega y Pon | Diario de Cuba –
www.diariodecuba.com/cuba/1448494434_18384.html

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