Comités de represión

Los retos para 2018

Los retos para 2018
El año de elecciones se acerca y fuerza a tomar decisiones críticas
Miércoles, julio 20, 2016 | Martha Beatriz Roque Cabello

LA HABANA, Cuba.- Cuando se piensa en elecciones libres y
multipartidistas en Cuba, de forma inmediata hay que vincular estas
ideas a la necesidad de cambio de algunas de las legislaciones
fundamentales vigentes en el país, para que puedan hacerse realidad. De
lo contrario, todo es una quimera. Aunque sería importante modificar la
totalidad de las leyes que rigen en la Isla para llevar a cabo un
sufragio en condiciones de democracia, es indispensable enmendar la
Constitución de la República, la Ley Electoral y la Ley de Asociaciones.

El régimen plantea que las elecciones en Cuba son democráticas porque
todos participan. Añade una serie de condiciones que, de no conocerse la
realidad, dejarían pensar que hay voto y que se lleva a cabo de manera
secreta. Por ejemplo: la postulación de los candidatos se efectúa
directamente por los propios electores en asambleas públicas; los gastos
de las elecciones son sufragados por el Estado, e incluso queda
prohibido por la ley que los postulantes hagan campaña a su favor, por
lo que para dar a conocerlos se utiliza la colocación de biografías y
fotos en lugares públicos de la Circunscripción Electoral; todos los
ciudadanos cubanos tienen el derecho a elegir y ser elegidos y todos los
elegidos pueden ser revocados en cualquier momento de su mandato.

Dicho así, para muchos desconocedores de lo que sucede en el país, todo
es una maravilla.

Los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular se eligen
cada dos años y medio; y para los dos niveles superiores —la provincia y
la nación— el término es de 5 años. El presidente, los vicepresidentes y
otros altos cargos no los elige directamente el pueblo.

Según la Ley, las Comisiones de Candidaturas —que son las que postulan—
se integran por representantes de la CTC (Central de Trabajadores de
Cuba), los CDR (Comités de Defensa de la Revolución), la FMC (Federación
de Mujeres Cubanas), la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños), la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios) y la FEEM
(Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media), que son designados
por los niveles respectivos a solicitud de las comisiones electorales
nacional, provinciales y municipales. Estas comisiones son presididas
por el representante de la Central de Trabajadores de Cuba.

Todos los candidatos nominados a la Asamblea Nacional del Poder Popular
resultan electos. De hecho, al pueblo se le pide “marcar” en una casilla
en la boleta que los señala a todos. Esto es igual a afirmar que del
nivel provincial para arriba el pueblo no elige a nadie, ni siquiera se
puede decir que vota.

Si bien es cierto que la postulación de los candidatos para las
asambleas municipales se efectúa por los propios electores en reuniones
públicas, a nivel de barrio, hay que considerar quiénes las organizan,
presiden y dirigen, porque según la ley todo queda bajo la égida de la
Comisión Electoral de Circunscripción, cuyos miembros son designados por
las Comisiones Electorales Municipales.

Como si fuera una Matrioska, las Comisiones Electorales son elegidas de
un nivel para el otro, comenzando por la nacional, que se designa por el
Consejo de Estado y sus miembros toman posesión de los cargos ante el
secretario de este órgano.

Aunque la Comisión Electoral Municipal dirige y preside las
correspondientes asambleas de nominación de candidatos en las áreas de
las circunscripciones electorales, existe la posibilidad de que un
disidente pueda ser nominado, incluso de que se autoproponga. A partir
de ese paso, le quedaría un largo camino por recorrer para poder salir
electo como delegado en su barrio; aunque hay que recordar que las urnas
y el conteo de voto están en manos de las personas que el régimen
designa. Ahora bien, de ahí en adelante no avanzaría ni un escalón más e
incluso existiría la posibilidad de ser revocado de acuerdo a la Ley.

El Título X “De la ética electoral” establece: “Todo elector solo tomará
en cuenta para determinar a favor de qué candidato depositará su voto,
sus condiciones personales, su prestigio y su capacidad para servir al
pueblo”. Lo que convierte “el derecho al voto” en una obligación con el
tipo de representante que quiera el régimen; aunque cada cual puede
determinar por quien votar.

Si hubiera alguna duda de la subordinación política a la que se
comprometen los que son elegidos, solo habría que referirse al Artículo
128 de la Ley Electoral, que plantea que en la reunión de constitución
de la Asamblea Municipal, los delegados efectuarán de pie el siguiente
juramento:

“Cada uno de nosotros, Delegados a la Asamblea Municipal del Poder
Popular (nombre del municipio) aquí reunidos, al tomar posesión de
nuestros cargos por nuestra propia y libre convicción

JURAMOS
-guardar lealtad a la patria
– observar y hacer observar la Constitución, las leyes y demás normas
jurídicas
– comportarme como fiel servidor del pueblo y de la comunidad, al
control de los cuales me someto
– cumplir de manera cabal, las obligaciones que me vienen impuestas por
– el cargo para el que he sido elegido
– y, si de algún modo faltare a este juramento, que los que me eligieron
me lo demanden”

Por solo hacer mención a una implicación política, el observar y hacer
observar la Constitución comprende que habría que corresponder las
funciones con su ARTICULO 62 que plantea: “Ninguna de las libertades
reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en
la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado
socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el
socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.

De todas formas, si llegara a alcanzar esta condición, nada podría
solucionar, porque no hay descentralización económica en el país y un
delegado de barrio no tiene en sus manos recursos de algún tipo para
poder beneficiar a sus electores. Lo único que está seguro en sus
facultades, es recibir quejas y tramitarlas, incluso apoyado en las mal
llamadas “Organizaciones No Gubernamentales” tales como los CDR y la FMC.

Eso puede constatarse en el Artículo 103 de la Constitución de la
República, que dice: “Para el ejercicio de sus funciones, las Asambleas
Locales del Poder Popular se apoyan en los Consejos Populares y en la
iniciativa y amplia participación de la población y actúan en estrecha
coordinación con las organizaciones de masas y sociales”.

Por otra parte, la Comisión Electoral Nacional contempla entre sus
funciones “declarar la nulidad de las elecciones en una o varias
circunscripciones de un municipio, o de algún candidato cuando se hayan
incumplido las regulaciones establecidas en la Ley y puede disponer la
celebración de nuevas elecciones”.

Con el fin de poder llevar a cabo la revocación del mandato de los
elegidos a los órganos del Poder Popular, se dictó la Ley No.89/99 y
puede comprender tanto el mandato conferido por los electores, como el
otorgado por la Asamblea correspondiente.

La revocación según dicta la Ley procede por existir alguna de las
siguientes causales:
– Incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas de la
representación conferida;
– Incurrir en hechos que lo hagan desmerecer de buen concepto público; y
– Manifestar una conducta incompatible con el honor de ser representante
del pueblo en un órgano del Poder Popular.

En el caso de los delegados municipales, los facultados para promover el
inicio del proceso de revocación son: otro delegado del mismo nivel; un
mínimo del 25% de los electores de la circunscripción por donde fue
elegido, ambas fórmulas muy fáciles para el régimen.

Los que piensan que a partir de la legislación vigente se puede llegar a
la solución democrática del país, en mi opinión, se equivocan. No
obstante, nada se pierde que no sean los años que pasan y la esperanza
de los cubanos que cada vez es menos; pero sería muy provechoso estudiar
a fondo las leyes vinculadas a este proceso, analizar los pros y los
contras y sobre todo el tiempo que ha de invertirse —no solo el propio,
sino también el de las personas que desde dentro y el exterior del país,
pueden pensar en ello como una solución, que además conlleva todo un
período de preparación y planeamiento de una estrategia electoral—.

Aunque no estemos de acuerdo con la legislación vigente, esa es la que
existe y a pesar de que se viola por parte del propio régimen, cuando
quieren se refieren a ella. Por ejemplo, en el Reglamento de la Asamblea
Nacional del Poder Popular está establecido que, para realizar una
solicitud a partir de la recogida de firmas, hay que refrendar una por
una las rúbricas que se estampen ante notario público. De no hacerse
esto no tienen validez.

Claro, habría que pesar —con respecto a lo anterior— que recoger firmas
entre la población, aunque no sirva de nada legalmente, sí tiene efectos
desde el punto de vista político y social, porque primero los que
acceden a darla se percatan que el régimen no ha cumplido con lo que
prometió y no lo hará nunca, y por su parte la gerontocracia recibe un
mensaje claro de la cantidad de miembros de la sociedad que no la está
apoyando, aunque sabe que cada día tiene menos simpatizantes. Cualquier
actividad en la que esté involucrado directamente el pueblo tiene un
gran valor.

No obstante, como para que no haya dudas de que el régimen quiere
perpetuarse en el poder, cuando se llevó a cabo la Reforma
Constitucional se añadió un artículo que establece: “Esta Constitución
sólo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular
mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no
inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes,
excepto en lo que se refiere al sistema político, social y económico,
cuyo carácter irrevocable lo establece el artículo 3 del Capítulo I, y
la prohibición de negociar bajo agresión, amenaza o coerción de una
potencia extranjera. Si la reforma se refiere a la integración y
facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de
Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere,
además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los
ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por
la propia Asamblea”.

En el año 2002, basados en no se sabe que preceptos legales, durante
cuatro días se hizo algo parecido a un referendo, con la conclusión de
que el pueblo había expresado su apoyo al proyecto de Reforma
Constitucional, que según se planteó había sido propuesto por las
organizaciones de masas en asamblea extraordinaria de todas sus
direcciones nacionales. Se dice fue ratificada en todas sus partes la
Constitución de la República; y el carácter socialista y el sistema
político y social contenido en ella fueron declarados irrevocables.

A pesar de ello, 14 años después, durante el VII Congreso del Partido
Comunista de Cuba, se está buscando una “conceptualización del modelo”,
porque más de 57 años no han sido suficientes para encontrar el camino
al “socialismo”, por lo que ahora es necesario conceptualizarlo.

No se puede dejar de mencionar que la Ley de Asociaciones y su
Reglamento tienen un diseño que no permite la inclusión de cualquier
organización de forma legal y mucho menos un partido político. El camino
para lograr que el régimen aceptara aplicar esta legislación a algunos
de los grupos disidentes que existían en el país, fue recorrido por
numerosas organizaciones, en particular en el siglo pasado. A muchas de
ellas ni les dieron respuestas, otras tuvieron como resultados una
adaptación en la aplicación de la Ley a lo que el régimen necesitaba.

En estos momentos en el país existe una crisis económica muy difícil de
revertir, un estancamiento en la producción que quedó demostrado con el
incremento de solo 1% del Producto Interno Bruto, y ello aceptando una
cifra oficial muy difícil de probar. Por otra parte, las importaciones
están afectadas y puede verse que las tiendas de venta en divisa (peso
cubano convertible o CUC) se encuentran desabastecidas.

La falta de visión de estos problemas durante el VII Congreso del
Partido Comunista de Cuba, costó el cargo de ministro al zar de la
economía, Marino Murillo, quien logró algunas proyecciones para el 2030
sin haber alcanzado un plan, pero fue incapaz de ver delante de sus
narices lo que ocurriría medio año después de la reunión partidista.

A partir de imponer el control estatal, se han tratado de bajar los
precios de los productos del agro, pero el resultado ha sido el
desabastecimiento al regresar a los métodos de Acopio, que habían sido
considerados inoperantes. También, aunque amenazados, los transportistas
privados han subido el precio del servicio de los llamados
“almendrones”, autos viejos reparados con todo tipo de inventos.

Los problemas sociales vienen acompañados de la falta de transporte, la
reducción del servicio eléctrico, la escasez de agua y los
inconvenientes de un verano caluroso, con los niños de vacaciones y
tener que pasar trabajo para ir a cualquier lugar a recrearse.

Los propios órganos oficiales del régimen dieron a conocer la ausencia
de diputados en las reuniones de la recién finalizada Asamblea Nacional
del Poder Popular; el cambio de la Secretaria General de la Unión de
Jóvenes Comunistas se corresponde —sin lugar a dudas— con la acción de
tratar de rescatar algunos jóvenes para que permanezcan como militantes
en las filas de esta organización, porque la tendencia general de ellos
es a abandonar el país.

De igual forma fueron sustituidos los Ministros de Cultura y Educación
Superior. También miembros del Partido Comunista de Cuba han llegado al
hastío y algunos de ellos han entregado sus respectivos carnés como
militantes, aunque la falta de crecimiento de la organización fue
reconocida por el propio José Ramón Machado Ventura durante el VII Congreso.

Podrían mencionarse otros muchos aspectos de lo que está ocurriendo en
estos momentos en el país. Pero lo más importante sería que los
opositores se reunieran a analizar todo esto y mucho más, aunque sea en
un bohío de guano, donde estén tocando la realidad del país y sobre todo
lo más importante: ¿Cómo proceder con el pueblo?

Y es que existe la posibilidad de que, al igual que el 5 de agosto de
1994, pronto ocurran protestas populares o manifestaciones de pequeños y
medianos grupos de personas; y si no se tiene pensado cómo conducir esa
actividad de descontento social, pasaría lo mismo que cuando el
“Maleconazo”: el régimen tiraría a las calles a su contraofensiva,
armados de cualquier cosa, con el fin de evitar disturbios que conduzcan
a algo más. Es por eso que los opositores deben preparar al pueblo en
cada una de las localidades donde residen.

El país se encuentra en un momento de inflexión, sin ideología; lo que
quedó demostrado durante el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba,
en el que los documentos no estaban preparados para realizarlo. Los
militantes no tuvieron acceso a información previa, ni siquiera los que
fueron allí como delegados. Después que se aprobó poner todo en las
manos del Comité Central y el Buró Político, poco queda de la tantas
veces mencionada filosofía marxista-leninista.

La conducción de la sociedad cubana, pudiera estar en las manos de los
opositores, siempre y cuando se usen estrategias inteligentes y además
se conozca y domine lo que está pasando en la vida social, económica y
política del país. El momento es perentorio para aprovecharlo y
podríamos estar haciendo historia.

Source: Los retos para 2018 | Cubanet –
www.cubanet.org/opiniones/los-retos-para-2018/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments
    Calendar
    July 2016
    M T W T F S S
    « Jun   Aug »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
    We run various sites in defense of human rights and need support in paying for servers. Thank you.
    Archives